Francisco Convit, «Chente» Amparan, Daniel Uzcátegui y una muy escandalosa historia de drones, corrupción, príncipes y princesas no tan glamurosa

Por Pilar Martínez

Fuente: avefenixnoticias.com

Desde abril de 2024, ha surgido en las redes sociales una información que señala a los venezolanos Francisco Convit y Daniel Uzcátegui como presuntos agentes, activos o pasados, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incerfiltrados en las altas esferas del poder político y económico de Venezuela.

Esta información, inicialmente difundida e la red social X por el militar retirado y opositor venezolano exiliado en Estados Unidos, José Antonio Colina, afirma además que Convit habría entregado drones de manufactura rusa a la DGCIM para labores de contrainteligencia y operaciones militares. Convit es recordado por haber sido uno de los «bolichicos», quienes fueron señalados por obtener contratos ventajosos para la instalación de plantas de energía eléctrica, a raíz de la crisis energética que sufrió Venezuela en 2009. Estos contratos generaron ganancias millonarias a Convit y sus socios, aun cuando muchos de los equipos que vendieron resultaron ser inservible.

No queda claro a qué tipo de actividades militares se refiere Colina, si estas son de vigilancia, espionaje o incluso para contener manifestaciones.

No obstante, según reportes de la periodista Patricia Poleo, quien mantiene estrechos vínculos con Colina, difundidos en medios de comunicación en agosto de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro ha estado utilizando drones para sobrevolar Caracas con el fin de vigilar y disuadir protestas, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por la oposición. Estos drones, que según Poleo son de fabricación iraní -aunque Colina previamente había mencionado drones de origen ruso supuestamente proporcionados por Convit-, operan tanto de día como de noche y podrían estar equipados para disparar contra los manifestantes, de acuerdo con Poleo.

La periodista venezolana Patricia Poleo desveló a mediados de 2024 que la DGCIM estaría utilizando una sala de control de drones en la base militar de La Carlota para monitorear protestas y proveer información a grupos armados afines al gobierno, facilitando así la localización y contención de manifestantes.

Se ha informado además sobre el uso de estos aparatos en operativos de vigilancia y represión en áreas de alta conflictividad, incluyendo el monitoreo de concentraciones y protestas en zonas como los Altos Mirandinos y el estado Táchira.

Cabe destacar que, en una acción coordinada, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano, coincidiendo con la investidura de Nicolás Maduro como presidente el pasado 10 de enero de 2025.

Estas medidas punitivas suman 15 nuevos nombres a la lista de sancionados, que ya contaba con 55 personas. Entre los afectados se encuentran representantes del Consejo Nacional Electoral, miembros del Tribunal Supremo y personal de las fuerzas de seguridad.

Volviendo al asunto de los drones, el hecho de que Francisco Convit presuntamente haya suministrado estos aparatos a la DGCIM, según reportes como el de José Antonio Colina, evoca un incidente similar ocurrido años atrás, cuando otro empresario venezolano vendió drones a una filial de Pdvsa, también destinados a la DGCIM.

De los drones a la «quincalla»

Tito García Montero

En 2017, una investigación de medios venezolanos sacó a la luz que el empresario Tito García Montero, a través de su compañía TGM Aviation LLC, registrada en Florida, Estados Unidos -cuyas siglas TGM parecen ser un acrónimo del propio nombre de Montero-, vendió un lote de drones valorado en 7.848.170 dólares a PDVSA Petromonagas, una filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El contrato, firmado el 17 de noviembre de 2016, especificaba que los drones serían empleados por el Ministerio de Defensa venezolano, y en particular, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en un contexto ya marcado entonces en Venezuela por la conflictividad política. Esto, a pesar de las restricciones que impiden a Venezuela comprar a Estados Unidos material considerado bélico.

Contrato en el año 2016 entre TGM AVIATION LLC, firma de Tito García Montero en Miami, con Pdvsa Petromonagas, para la adquisición de lote de drones, con aparente sobrecosto.

Luis Alfonso de Borbón

En junio de 2024, una entrevista concedida a OKDIARIO por el aristócrata Luis Alfonso de Borbón, cuyo abuelo paterno era hermano del abuelo de Felipe, el actual rey de España, reveló su participación como socio en una tienda en Madrid llamada «Drone Aerospace», situada en la calle Princesa 10. Según las propias palabras de Luis Alfonso, el negocio estaba inicialmente enfocado en la venta de drones. No obstante, un cambio de rumbo transformó el local en una tienda de regalos, que ofrece desde artículos textiles de marcas de lujo automovilísticas como Lamborghini y Porsche, hasta productos más cotidianos como cervezas y chupachups.

Luis Alfonso de Borbón en Drone Aerospace, Madrid.

En la conversación con OKDIARIO, Luis Alfonso de Borbón, quien en Venezuela es conocido como «El Príncipe», detalló que la idea original de «Drone Aerospace» era la de ser un comercio especializado en la venta de drones. Sin embargo, los planes se torcieron cuando la guerra en Ucrania provocó una escasez de componentes esenciales para este tipo de productos. Ante esta coyuntura, Luis Alfonso explicó que, junto con su socio, decidieron reconvertir el negocio en una tienda de regalos, con un enfoque ecléctico y orientado a un público diverso.

El establecimiento, ubicado en una concurrida zona de Madrid, se presenta como una boutique que combina lo exclusivo con lo cotidiano. Luis Alfonso, que se mostró sonriente y distendido durante la entrevista, describió la tienda como un lugar donde se puede encontrar «un poco de todo». Desde llaveros y polos de marcas prestigiosas como Ducati, Aston Martin y Mercedes, hasta llantas de coches de carreras y cazadoras de cuero, la tienda ofrece una gama de productos que busca atraer tanto a hombres como a mujeres, de todas las edades. «Es como un chino, pero fino» (a semejanza de una quincallería china, pero de alta gama), comentó el duque, en alusión al carácter variopinto del inventario disponible.

Además, el aristócrata mencionó que esta tienda es la primera de lo que podría convertirse en una cadena, aunque dejó claro que todo dependería de la respuesta del público. «Vamos un poco a base de prueba y error, y es el público quien nos va indicando lo que gusta más», señaló. Luis Alfonso insistió en que la imagen del negocio no está centrada en su persona, sino en los productos que se ofrecen, subrayando que él es simplemente uno de los dos socios detrás del proyecto.

A primera vista, «Drone Aerospace» podría parecer una simple incursión empresarial en la vida de Luis Alfonso de Borbón. Sin embargo, un análisis más profundo revela una serie de incongruencias y conexiones que resultan, cuanto menos, sospechosas. Según los registros oficiales, una empresa con el mismo nombre y dirección, «Drone Aerospace SL», fue constituida en agosto de 2019. Lo llamativo es que el único socio y administrador que figura en los registros es Tito García Montero, y en ninguna parte aparece el nombre de Luis Alfonso de Borbón, a pesar de que él afirma ser uno de los dos socios.

Este detalle genera interrogantes, ya que, según la información disponible, Tito García Montero no es un personaje sin pasado. García Montero, un militar retirado venezolano, es el mismo que, en 2016, vendió drones a la DGCIM, a través de PDVSA Petromonagas, utilizando su empresa TGM Aviation LLC.

García Montero, quien en su momento admitió en redes sociales estar vendiendo «drones profesionales para vigilancia y usos industriales» al Gobierno de Venezuela, no ha escapado a las críticas. La investigación sugería que el contrato podría haber sido inflado, lo que no es una novedad en un país donde las acusaciones de corrupción son moneda corriente. El firmante del contrato por parte de PDVSA Petromonagas fue el entonces presidente de la entidad, Edgar Sifontes, quien ha sido señalado por corrupción en múltiples ocasiones.

Esta conexión entre Luis Alfonso de Borbón y Tito García Montero genera serias interrogantes sobre la verdadera naturaleza del negocio «Drone Aerospace». El vínculo con un personaje implicado en negocios con la administración gobernante en Venezuela, y las conexiones con empresas que han tenido contratos con Pdvsa, como las pertenecientes a la familia de María Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso, siembran dudas sobre la transparencia detrás de este emprendimiento. Cabe destacar que Víctor Vargas, el padre de María Margarita, es propietario de Esvenca, una empresa petrolera que ha sido contratista de Pdvsa.

Aunque Tito García Montero comparte apellido con Paco García Montero, el socio de Luis Alfonso en la empresa de reciclaje Eco-Lys Recycling, es importante aclarar que ambos no son hermanos y, además, el primero es venezolano, mientras que el socio en la empresa recicladora es español.

El propietario del inmueble donde opera la tienda presentó una demanda contra la sociedad Drone Aerospace SL, reclamando más de 30.000 euros, después de que Tito García y Luis Alfonso de Borbón dejaran de pagar el alquiler a partir de abril de 2024. Luis Alfonso justificó los impagos debido a un supuesto «vicio oculto» en el inmueble, que no les había sido notificado. El propietario del inmueble reveló en su demanda que García y Luis Alfonso se le habían presentado como socios.

La relación entre Luis Alfonso de Borbón y Tito García Montero es motivo de especial atención en el contexto actual, dado que Luis Alfonso de Borbón es concuñado de Francisco D’Agostino Casado, empresario que ha sido vinculado en varias ocasiones con la empresa Derwick Associates, aunque él siempre ha tratado de negar dicha vinculación.

Francisco Antonio Convit Guruceaga -supuesto nuevo suministrador de drones a la DGCIM- es un empresario directamente relacionado con Derwick Associates, empresa que recibió contratos para construir centrales eléctricas sin la debida experiencia o capital. Convit, quien ha sido acusado de corrupción, ha fungido como director de Derwick Associates, y está implicado, en otro caso distinto, en una red de lavado de dinero que involucra fondos desviados de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Derwick Associates obtuvo contratos para la construcción de 11 plantas termoeléctricas en Venezuela entre 2009 y 2010, durante la emergencia eléctrica declarada en esos años. Estos contratos fueron adjudicados a dedo debido a la suspensión de los procesos usuales de contratación a causa de la emergencia eléctrica que vivía el país suramericano.

La empresa se encargó de la venta de turbinas y otros equipos eléctricos. Derwick Associates compraba turbinas usadas de varios lugares del mundo, las reparaba y luego las vendía al Estado venezolano como nuevas, generando significativas ganancias en el proceso. Muchos de esos equipos terminaron dañados e inservibles.

¿Un «chino fino» todavía en el negocio de los drones?

Francisco Convit y Francisco D’Agostino

La amistad entre Francisco Convit y Francisco D’Agostino, y entre D’Agostino y Luis Alfonso de Borbón, quien además es su concuñado, deja en el aire la pregunta de si Tito García Montero -el socio de Luis Alfonso de Borbón en la tienda madrileña «Drone Aerospace»- tiene algo que ver con los drones supuestamente suministrados por Convit a la DGCIM, sobre todo teniendo en cuenta que García Montero ya había vendido dichos artefactos en el año 2016 a PDVSA Petromonagas, aunque destinados también a la DGCIM.

No está claro qué modelos de drones se encuentran en poder de los organismos de seguridad de inteligencia en Venezuela y hasta qué punto son empleados en el control de manifestaciones. Lo que sí se sabe es que, desde el punto de vista tecnológico, existen sistemas específicamente diseñados para montar en drones y lanzar granadas de humo, bombas lacrimógenas y otros agentes químicos. Un ejemplo es el lanzador de granadas de humo y gases lacrimógenos compatible con el dron DJI M300, que permite el lanzamiento de munición de 6/8 rondas de calibre 38 mm, incluyendo bombas de humo y bombas antidisturbios.

Dron DJI M300

Algunos países han adoptado el uso de drones para vigilar y controlar manifestaciones, y estos dispositivos pueden ser equipados con sistemas para lanzar gases lacrimógenos o granadas de humo para dispersar a los manifestantes. Las autoridades justifican este uso como una herramienta para prevenir y reprimir actos violentos durante las protestas.

Aunque el uso de drones para estos fines es técnicamente posible, genera controversias legales y éticas. Las regulaciones varían entre países, y muchas organizaciones defienden los derechos humanos y la privacidad, argumentando que este uso puede violar los derechos fundamentales de los manifestantes.

A propósito de que la UE ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, y la falta de avances hacia un diálogo que solucione la crisis postelectoral en Venezuela, y considerando que, tanto antes como ahora, la Unión Europea (UE) ha impuesto sanciones contra funcionarios venezolanos, debido a presuntas violaciones de los derechos humanos y el socavamiento de la democracia en Venezuela, cabe preguntarse si empresarios como Tito García Montero o Francisco Convit Guruceaga, en el caso de este último si se comprobara su implicación en un nuevo caso de drones, podrían ser también objeto de sanciones por parte de la UE.

El caso de Daniel Uzcategui Specht: Un joven «valijero» en Buenos Aires

Retomando el tema de los señalamientos contra Francisco Convit, Daniel Uzcátegui y su supuesta vinculación con la DGCIM, es preciso señalar que ambos tienen otras cosas en común. Además de provenir, cada uno en su respectivo caso, de hogares de padres divorciados, también ambos han sido objeto de escándalos judiciales que han trascendido a la opinión pública.

Daniel Uzcategui Specht

Comencemos por Uzcátegui. Daniel David Uzcategui Specht fue uno de los protagonistas del escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson. Antonini portaba 790.550 dólares en efectivo que fueron incautados en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de 2007 y que, presuntamente, estaban destinados a la campaña de la entonces candidata presidencial argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Guido Antonini Wilson

La fiscalía argentina reveló que, al momento de la revisión del equipaje, Daniel Uzcategui Specht, quien entonces tenía 18 años de edad y pronto cumpliría los 19, se encontraba presente junto a Antonini

 Wilson.

Fragmento del expediente de la fiscalía Argentina contra Guido Antonini Wilson

Tras la finalización del procedimiento aduanero en el aeropuerto, fue el chofer de confianza de Claudio Uberti (entonces funcionario del gobierno argentino), Walter Celi, quien por orden de su jefe esperó a Daniel Uzcategui Specht y Antonini Wilson fuera de la terminal y los trasladó al Hotel Sofitel. El propio Celi testificó que la orden de esperarlos provino directamente de Uberti.

Tras el escándalo, Daniel Uzcategui Specht fue declarado en rebeldía por la justicia argentina al no comparecer para ser indagado, a pesar de que se le permitió presentar un planteo de prescripción de la acción penal. Uzcategui Specht y su padre, Diego Uzcategui Matheus, quien también fue investigado, no se presentaron físicamente ante el tribunal para ser interrogados formalmente, sino que presentaron escritos, lo que llevó a su declaración de rebeldía.

El caso obligó a Uzcátegui (padre) a renunciar a su cargo como presidente de la filial argentina de Pdvsa. La justicia Argentina suponía que ambos Uzcátegui habían regresado a Venezuela, evadiendo el proceso judicial en Argentina. El caso tuvo repercusiones tales que la diplomacia estadounidense, tanto en Argentina como en Venezuela, se refirió a los Uzcátegui en cables revelados en la famosa filtración de Wikileaks.

Amistades peligrosas y ¿Una menor «disfrazada» de mayor en el Miss Venezuela?

El padre de Daniel Uzcategui, el ingeniero Diego Bautista Uzcategui Matheus, se desempeñó, además, como director gerente de la presidencia de Pdvsa, cuando la petrolera era presidida por Rafael Ramírez Carreño. Uzcategui Matheus fue directivo de filiales de Pdvsa que operaban en Ecuador, Bolivia y Panamá. Uzcategui Matheus forma parte del círculo de amistades de Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quien ha conseguido permanecer en España y no ser extraditado, a pesar de ser acusado por Estados Unidos como partícipe de otras tramas internacionales de corrupción y lavado de dinero. Reiter Muñoz ha sido señalado como quien subió en Venezuela la valija con el dinero al avión que trasladó a Antonini Wilson y a Daniel Uzcátegui a Buenos Aires.

Rafael Reiter

A Daniel Uzcategui se le ha vinculado, en algunas publicaciones en línea, con el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, destapado en el año 2023. Sin embargo, al menos de manera oficial, no ha sido ligado por las autoridades venezolanas a ese caso.

Verónica Leal y Daniel Uzcategui Specht

Una de las polémicas más recientes sobre Daniel Uzcategui Specht tiene que ver con su supuesta relación sentimental con Valentina Figuera, Miss Grand International 2019 y modelo. Eso, a pesar de que, hasta al menos el año 2022, Daniel Uzcategui mantenía una relación estable con su esposa, Veronica Janeth Leal Prieto, quien portara la banda de Miss Trujillo en el concurso Miss Venezuela en el año 2000.

Valentina Figuera

No se sabe cómo fue que Veronica Leal Prieto consiguió participar en ese concurso, a pesar de haber tenido entonces solo 16 años de edad. Es decir, todavía no había cumplido la mayoría de edad, aunque era presentada con una supuesta edad de 19 años.

Video participación de Verónica Leal en el Miss Venezuela 2000

Veronica Leal es, desde el año 2022, socia única de la firma Mystique Group Iberica SL, dedicada a actividades inmobiliarias. En algunas publicaciones en línea se le ha atribuido a Leal ser la supuesta poseedora de cuentas bancarias millonarias en Suiza y Barbados, las cuales contarían con fondos que se presume pertenecen a su esposo, Daniel Uzcategui Specht. Adicionalmente, a Veronica Leal se le ha atribuido también una supuesta relación sentimental extramarital con el argentino Luis Fernando Vuteff, quien es esposo de la hija menor del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. En diciembre de 2024, Vuteff fue sentenciado a 30 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con la desviación de fondos de la empresa petrolera estatal venezolana Pdvsa.

El caso de Francisco Convit Guruceaga y «Chente» Amparan Croquer: Del Colegio Jefferson a la acusación federal

Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan, en el Colegio Jefferson, en Caracas (año 2014)

En el año 2014, Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates, tenía varias cosas en común con otro venezolano, José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente». Ambos eran en Venezuela padres de alumnos del exclusivo Colegio Jefferson, ubicado en Valle Arriba, municipio Baruta del estado Miranda. Se trata del mismo instituto educativo que una persona identificada como Graciela Guruceaga, quien se cree que era la madre de Convit, entregó a la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC), luego de que el colegio fuera incautado, en octubre de 2023, por un tribunal, debido a que tenía como socios a los hermanos Rafael Guillermo Perdomo y Roger Vicente Perdomo, empresarios detenidos por su implicación en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

Pero además de lo anterior, Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan también tenían en común su implicación en un negocio que derivó en una acusación federal en su contra en Estados Unidos, en 2018. En ese año, una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) reveló un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que involucró a exfuncionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA, empresarios y una red internacional de lavado de dinero. Entre los implicados en este esquema se encuentra Francisco Convit Guruceaga, empresario venezolano que jugó un rol central en el inicio y desarrollo de la trama, según se desprende del documento.