Venezuela y la Triple Frontera, el desconocido frente de operaciones de Hizbulá en Sudamérica

Por: Miguel Dudet Sierra

Fuente: Hercules

Estados Unidos ofrece hasta 10 millones para información que desactive la financiación de Hizbulá en la Triple Frontera, foco clave de crimen organizado y terrorismo en Sudamérica. El desafío radica en la cooperación regional y en romper el vínculo entre actividades ilícitas y grupos terroristas.

Cuando hablamos de seguridad y de organizaciones terroristas el foco siempre está puesto en Oriente Próximo y en organizaciones terroristas de índole yihadista. El ámbito geográfico de actuación de muchas de estas organizaciones y la coyuntura geopolítica las pone en la diana, tanto por los EEUU como por las autoridades europeas. En lo que se refiere a Hizbulá, este medio ha tratado muchos de sus lazos con Irán, su papel en el tráfico de captagón o su fuerza como actor político en el Líbano, más concretamente con la importancia del funeral de Hasan Nasrallah. La internacionalización y redistribución del liderazgo de Hizbulá en Sudamérica fue tratada con anterioridad en este medio en un pequeño artículo, ahora ahondaremos más en esta cuestión.

Actualmente la organización se encuentra en un estado de decrecimiento y debilidad. La guerra contra Israel ha debilitado a la organización, pese a seguir manteniendo una posición de poderío político en el Líbano, la caída del Assad y la consiguiente ruptura del eje chií (Hizbulá, Siria, Irán) junto con la pérdida de importantes cuadros de liderazgo y de su líder supremo junto con el acoso a sus redes financieras están propiciando una redefinición de la fuerza de actuación de Hizbulá que ha llegado a trascender de su ámbito geográfico tradicional.

El teatro de operaciones del grupo terrorista no solo se circunscribe a Líbano y Oriente Medio, en la actualidad está mudando a Sudamérica. Una redefinición hacia un campo de operaciones exótico que busca dar oxígeno a la organización terrorista. Más concretamente nos vamos a centrar en abordar dos realidades la primera radica en determinar quien hace de puerta de entrada de Hizbulá a Sudamérica, la segunda se centrará ver y abordar el papel de Hizbulá en la Triple Frontera.

Venezuela, el nexo de unión entre Sudamérica y Hizbulá

La presencia de Hizbolá en Sudamérica fue tratada como una amenaza lejana. Sin embargo, diversos informes, investigaciones periodísticas, testimonios de funcionarios y sanciones internacionales han revelado que Venezuela se ha convertido en un nodo estratégico para las operaciones de este grupo chíi libanés. Su actuación en el país no se limita al plano ideológico o simbólico: se extiende a redes de narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas y relaciones con la cúpula del régimen chavista.

Expertos en contraterrorismo coinciden en que no existe evidencia concluyente de que Hizbolá mantenga campos de entrenamiento o tropas en territorio venezolano. La suya es, más bien, una presencia “etérea” y distribuida a través de clanes familiares como, los Nassereddine, Saleh y Rada, con fuertes lazos comunitarios y económicos.

Maduro, Venezuela y Hizbulá/Las cuentas claras

“Mientras estos clanes estén activos, Hizbulá seguirá presente en Venezuela”, afirma Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), quien ha documentado las actividades del grupo en América Latina. Estos clanes, explica, establecen redes logísticas que permiten actividades ilícitas –como el narcotráfico y el contrabando–, así como el lavado de dinero y el financiamiento encubierto del grupo chií.

El diputado Carlos Paparoni, comisionado contra el terrorismo del gobierno interino de Juan Guaidó, subrayó que el volumen de fondos generados por Hizbulá en la región ha crecido exponencialmente: de entre 90 y 100 millones de dólares anuales en la década de 1980 a más de 1.000 millones a inicios de este siglo. “Ese crecimiento solo puede explicarse por la economía venezolana, por el dinero que salió sin ser detectado”, señaló.

Pancarta en favor a Hugo Chávez en Beirut

Más allá de la operación financiera, la mayor preocupación radica en el presunto nexo directo entre Hizbulá y el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con Al-Arabiya, Vanessa Neumann ,embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido, reveló a la BBC que “Hizbulá controla vastas extensiones de territorio en Venezuela, lidera el tráfico de drogas y los esfuerzos ilegales de extracción de oro, y tiene estrechos vínculos con el presidente”.

La diplomática señala a Tareck El Aissami, quien fuera vicepresidente de Venezuela y Ministro de Industrias y Producción Nacional, como el principal contacto de Hizbulá en Venezuela. De origen sirio-libanés, El Aissami fue sancionado por Estados Unidos en 2017 por su implicación directa en redes de narcotráfico. Investigaciones de CNN y The New York Times revelaron que estuvo involucrado en la entrega irregular de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Oriente Medio, incluidos supuestos miembros de Hizbulá, y facilitó el ingreso de militantes al país. Hoy figura en la lista de los diez más buscados del ICE por narcotráfico internacional.

Mural en Venezuela de solidaridad con Nasrallah

La relación de Maduro con el grupo libanés, según Neumann, también se evidencia en los contactos directos entre funcionarios venezolanos ,como el canciller Jorge Arreaza, y el líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah. Mientras Maduro sostiene que no existe cooperación operativa con Hizbulá más allá de una supuesta afinidad política, informes como los de Humire aseguran que estos clanes actúan como intermediarios entre el grupo chií, Irán y la cúpula chavista.

Las actividades de Hizbulá en Venezuela tienen un claro componente financiero. Uno de sus pilares es el tráfico de drogas. Desde los años 2000, el grupo se ha beneficiado del envío de cocaína colombiana a través de puertos venezolanos hacia Europa, Medio Oriente y África. Una red emblemática fue liderada por Chekry Mahmoud Harb, alias “Talibán”, que utilizó a Venezuela como punto logístico para operaciones de escala global. Entre un 8% y un 14% de las ganancias del narcotráfico iban directamente a las arcas de Hizbulá.

La minería ilegal de oro es otro frente lucrativo. En el oriente del país, según Neumann, Hizbulá ha aprovechado el vacío institucional para explotar minas ilegales, cuyo oro es luego enviado en vuelos privados ,supuestamente propiedad de Maduro, a Turquía e Irán. La Isla de Margarita, por ejemplo, se ha convertido en un enclave de operaciones, descrito por analistas como “un semillero criminal” y refugio estratégico.

La red de apoyo de Hizbulá en Venezuela está compuesta por una intrincada combinación de actores estatales, clanes familiares y empresas fachada. El clan Nassereddine –en especial Ghazi Nassereddine– ha jugado un papel clave, no solo en la facilitación de documentos falsos, sino también como interlocutor directo entre el régimen de Maduro e Irán. Ghazi, exdiplomático venezolano, está señalado por la OFAC como un agente financiero del grupo chií, y figura en la lista de personas de interés del FBI.

Las empresas fachada también han sido una herramienta esencial. En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a siete personas y varias empresas vinculadas con actividades económicas en Venezuela, Colombia y Líbano que canalizaban fondos a Hezbolá. Entre los sancionados están Amer Mohamed Akil Rada, acusado de participar en el atentado contra la AMIA en 1994, y su hermano Samer Akil Rada, implicado en el tráfico de 500 kilogramos de cocaína escondida en cargamentos de frutas. Sus empresas, como BCI Technologies en Venezuela y Zanga en Colombia, eran utilizadas para blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Cartel de búsqueda del FBI

La infiltración del grupo en el aparato estatal venezolano ha sido corroborada por altos exfuncionarios del régimen que han desertado. Rafael Isea, ex viceministro de Finanzas y expresidente del banco Bandes, reveló que en 2007 se firmó un acuerdo entre el gobierno venezolano y Hizbulá para “amparar actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes”.

Por su parte, Manuel Cristopher Figuera, exjefe del SEBIN, confesó a The Washington Post que Hizbulá tenía operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, ligadas a actividades ilícitas para financiar su brazo armado en Medio Oriente. Otro general, Hugo “El Pollo” Carvajal, reveló que viajó en 2009 a Irán con El Aissami y permitió la llegada de militantes de Hizbulá a Venezuela para colaborar con las FARC.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado sistemáticamente la presencia de Irán y Hizbulá en Sudamérica, y en especial en Venezuela, a través de su alianza con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). “A medida que creció el ALBA, creció la presencia iraní y de Hizbulá”, afirma.

Para Irán, Venezuela no es solo un socio ideológico. Según Humire, se trata de una posición geoestratégica clave para desafiar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La revolución islámica iraní ha exportado sus redes a través de clanes, diplomáticos, intermediarios comerciales y alianzas con regímenes autoritarios. En Venezuela, ha encontrado un terreno fértil para ese propósito.

Esquema de lazos e intermediarios del Gobierno venezolano y Hizbulá/Atlantic Council

La historia de Hezbolá en Venezuela no es reciente, ni es producto de una teoría de conspiración. Está respaldada por documentos oficiales, sanciones internacionales, investigaciones periodísticas y testimonios de desertores. Sin embargo, la ausencia de atentados terroristas en la región ha hecho que muchos gobiernos subestimen la amenaza. “Nosotros nunca hemos visto grupos fundamentalistas religiosos en actividades terroristas en nuestra región. No es parte de nuestra costumbre”, lamenta Paparoni.

Lo cierto es que Hizbulá opera a la sombra de un régimen que le facilita protección, logística y financiamiento. Y mientras la atención mundial se centra en otros focos de tensión, el grupo afianza su poder en Sudamérica, consolidando una red tan invisible como peligrosa.

La triple frontera, un paraíso del narcotráfico donde Hizbulá gana millones

La lucha contra la financiación del terrorismo global ha vuelto a poner el foco en la región conocida como la Triple Frontera (TBA), un punto geográfico que une Argentina, Brasil y Paraguay. Este lunes, el gobierno estadounidense anunció una recompensa millonaria con el objetivo de desmantelar las complejas redes financieras que Hizbulá, organización considerada terrorista por Estados Unidos y otros países, supuestamente administra desde esta estratégica zona sudamericana.

El programa «Recompensas por la Justicia» (RFJ), gestionado por el Departamento de Estado de EE.UU., ofrece hasta 10 millones de dólares a quien aporte datos clave para bloquear los ingresos y el flujo monetario que sostienen a Hizbulá en la Triple Frontera. Las autoridades norteamericanas han detectado múltiples actividades ilegales a través de las cuales los operadores financieros y facilitadores del grupo libanés generan recursos: lavado de dinero, tráfico de drogas, contrabando de carbón y petróleo, comercio ilícito de diamantes, falsificación de dólares y documentos, así como el contrabando de cigarrillos, efectivo y artículos de lujo.

Además, la investigación del RFJ apunta a la existencia de negocios aparentemente legales que podrían estar sirviendo para canalizar fondos hacia Hizbulá. Sectores como la construcción, la importación y exportación de mercancías, y la venta inmobiliaria en varios países latinoamericanos forman parte del entramado que Estados Unidos busca desactivar.

Para quienes dispongan de información útil, el programa ofrece vías seguras y confidenciales para reportar datos: Signal, Telegram y WhatsApp, todos con el mismo número +1-202-702-7843. La Triple Frontera, con sus fronteras permeables y rutas consolidadas para el contrabando, ha sido identificada desde hace años como un punto neurálgico del crimen transnacional, que facilita además el financiamiento de organizaciones terroristas.

Esta nueva recompensa es un reflejo de la preocupación constante de Washington por las finanzas globales de Hizbulá y su capacidad para operar en América Latina. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá en gran parte de la colaboración y compromiso de Argentina, Brasil y Paraguay, así como de la eficacia de sus agencias de inteligencia y seguridad para actuar en base a las informaciones recibidas.

Hizbulá y su internacionalización en Sudamérica/ Ilustración del orden mundial

La superposición entre crimen organizado y terrorismo representa un reto de enorme complejidad. Las actividades ilícitas señaladas son estrategias comunes a ambos, lo que sugiere que en la Triple Frontera podrían existir solapamientos o alianzas entre mafias y grupos terroristas que las autoridades intentan desarticular.

Desde su creación en 1984, el programa RFJ ha pagado más de 250 millones de dólares a más de 125 personas en todo el mundo, recompensando información crucial para neutralizar amenazas a la seguridad estadounidense. La presencia de Hizbulá en Latinoamérica se remonta a la década de 1990, consolidándose dentro de comunidades libanesas asentadas tras el éxodo provocado por la guerra civil libanesa (1975-1990).

“Es importante aclarar que no todos los integrantes de estas comunidades participan en actividades vinculadas a Hizbulá”, comenta Emanuele Ottolenghi, investigador del FDD (Fundación para la Defensa de las Democracias) en Washington. Sin embargo, añade, “las redes asociadas al ‘Partido de Dios’ suelen estar infiltradas y mimetizadas en las comunidades chiitas”.

Ottolenghi subraya que Hizbulá mantiene una red ampliamente establecida en América Latina, desde México hasta Chile, incluyendo países como Guatemala y Costa Rica. Pero destaca especialmente la importancia de dos zonas: la frontera entre Colombia, Panamá y Venezuela, y la Triple Frontera, que se ha convertido en su principal centro de operaciones regional, con Ciudad del Este como epicentro.

La Triple Frontera es “un polo comercial con un flujo de dinero considerable”, explica el criminólogo Juan Martens, director de Inecip Paraguay e investigador en la Universidad Nacional de Pilar. La región no solo cuenta con tres aeropuertos internacionales, sino que atrae turismo gracias a las Cataratas del Iguazú, permitiendo la presencia discreta de actores ilícitos. La porosidad de las fronteras, utilizadas para el contrabando de drogas y armas, mueve una estimación anual superior a 20 mil millones de dólares, haciendo de la zona un refugio para el crimen organizado. Martens denuncia que, aunque el Estado está presente, está “fuertemente permeado por grupos ilegales”, situación que debilita la institucionalidad en los tres países.

La presencia de Hizbulá en Ciudad del Este es un tema delicado en Paraguay, bajo competencia de la Inteligencia Militar. En Estados Unidos, la Triple Frontera es considerada “la mayor economía ilícita del hemisferio occidental”. Desde 2006, Washington detectó allí una red que fungía como una arteria principal para financiar a Hizbulá en el Líbano, confirmada por una carta interceptada del líder Hassan Nasrallah agradeciendo a sus seguidores en la región.

Aunque Latinoamérica no ha sufrido ataques terroristas comparables a otras regiones, Hizbulá no ha cesado sus intentos, incluidos cinco casos recientes, el último este mes con detenidos en Brasil por reclutar militantes para atentar contra objetivos judíos. Un caso relevante fue el de un ciudadano libanés-estadounidense en Panamá, investigado por planear atentados contra embajadas y el Canal de Panamá, frustrado a tiempo.

Escuadra de Hizbulá

En Bolivia, en 2017, se descubrió un almacén con más de dos toneladas de nitrato de amonio, material usado en la explosión del puerto de Beirut en 2020, vinculado a Hizbulá. En Paraguay, la actividad se ha limitado hasta ahora al lavado de dinero y financiación a través de actividades ilícitas, pero según Martens, “si en algún momento la organización decidiera atentar, el peligro sería enorme”, ejemplificando con la posible destrucción de la represa de Itaipú y las consecuencias para ciudades argentinas.

Para combatir este escenario, se han instalado tribunales especializados en delitos económicos y corrupción. Ottolenghi recomienda incrementar controles fronterizos, fortalecer la inteligencia y aumentar la cooperación multinacional, además de destinar más recursos para cortar las vías financieras del terrorismo. En suma, para desactivar las bombas es esencial seguir la pista del dinero, una ruta que invariablemente apunta a la Triple Frontera.

La región conocida como la Triple Frontera ,donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos más activos del crimen organizado transnacional. Esta zona estratégica opera como un corredor fundamental para el tráfico de cocaína desde los Andes hasta Europa y Medio Oriente, y también se vincula con redes de financiamiento de organizaciones terroristas como Hizbulá.

El flujo de droga comienza al norte, principalmente en Colombia y el centro de Perú, donde se produce la pasta base. Esta sustancia es enviada a Bolivia, específicamente a la zona de Santa Cruz de la Sierra, para su refinamiento. Luego, atraviesa Paraguay, llega a Ciudad del Este y, mediante los puentes Tancredo Neves y de la Amistad, cruza hacia Argentina y Brasil. Desde allí, la droga sigue en lanchas por el río Paraná hasta Rosario o Buenos Aires, donde es camuflada en cargamentos comerciales (como soja) y embarcada hacia Europa. En este circuito, el precio de un kilo de cocaína puede multiplicarse más de diez veces desde su origen hasta las calles de Berlín o Londres.

Este negocio multimillonario, segundo solo al tráfico de armas, ha generado una feroz competencia entre poderosos grupos criminales. Los principales actores son los carteles brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), pero también participan grupos locales paraguayos, bolivianos y conexiones internacionales como Hizbulá. Tal es así, que Brasil siempre ha considerado que Hizbulá es un partido político-militar libanés sin lazos con el terrorismo. No obstante, en un reciente rueda de prensa el Secretario de Seguridad pública de Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, ha confirmado las conexiones entre PCC y CV con Hizbulá. Una situación que puede dar un vuelco a la percepción de Brasil sobre Hizbulá. Máxime con los últimos acuerdos de cooperación de Brasil con EEUU en materia de seguridad contra el narcotráfico.

Detención de uno de los líderes de PCC/horabrasilera.com

El vínculo entre Hizbulá y el narcotráfico en esta región ha sido investigado por agencias como la DEA. El grupo chiita, con base en el Valle de Bekaa en Líbano ,una zona productora de opio y hachís, ha utilizado históricamente las rutas del narcotráfico para financiar sus operaciones. La DEA identificó desde 2007 la existencia de una unidad específica dentro de Hizbulá, la Oficina de Asuntos de Negocios (BAC), dedicada a actividades ilícitas. Su estructura ha facilitado alianzas con carteles como Los Zetas, La Oficina de Envigado y Los Soles para transportar cocaína desde Sudamérica a Europa y Asia.

Por su parte Paraguay si que ha tenido un cambio reciente en su política contra Hizbulá, El Gobierno paraguayo designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, además de ampliar dicha clasificación a Hamás y Hizbulá, en una fomento de la lucha contra e narcotráfico. Pues Paraguay consideraba inexistente la presencia de Hizbulá en su zona, ni tampoco los lazos de Hizbulá con la comunidad libanesa en Paraguay. Ante tal comunicado el Gobierno de EE.UU lanzo un comunicado de felicitación al Gobierno paraguayo por tal decisión.

Comunicado de Gobierno de Paraguay

Uno de los casos más emblemáticos es el de Ali Issa Chamas, un paraguayo de origen libanés vinculado con Hizbulá, arrestado en 2016 cuando intentaba enviar un cargamento de cocaína a Turquía. Aunque recibió una sentencia leve, se cree que colaboró con la justicia estadounidense. Otro nombre relevante es Kassem Tajideen, un operador financiero acusado de transferir más de 27 millones de dólares a Hizbulá, derivado de actividades de narcotráfico. Asimismo, figuras como Ayman Junior Joumaa y Chekri Mahmoud Harb (“El Talibán”) han sido señaladas por su rol clave en estas redes que cruzan continentes.

Dentro de la Triple Frontera, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero en Paraguay, Foz do Iguaçu en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina, funcionan como nodos críticos. Las autoridades locales y federales han denunciado la creciente influencia de organizaciones criminales y la infiltración en estructuras estatales. El caso de Marcelo “Piloto” Veiga, líder del CV, es un claro ejemplo: detenido en Asunción, fue extraditado tras múltiples intentos de rescate, incluyendo un atentado frustrado con coche bomba. Su vinculación con Hizbulá fue investigada, aunque él mismo negó ser terrorista y se proclamó simplemente como narcotraficante.

Además, se ha señalado a ciertas familias de origen libanés como facilitadoras del lavado de dinero y contrabando. El clan Chamas, por ejemplo, ha sido relacionado con envíos de droga a Beirut y con estructuras de protección financiera vinculadas a Hizbulá. El Lebanese Canadian Bank fue una de las entidades utilizadas para blanquear capitales ilícitos, hasta que una auditoría reveló más de 200 cuentas relacionadas con estas operaciones.

A pesar de las pruebas recogidas por agencias internacionales, miembros de la comunidad libanesa local niegan cualquier relación con el terrorismo o el narcotráfico. Periodistas y líderes comunitarios insisten en que se estigmatiza a su colectividad sin fundamentos concretos. Sin embargo, testimonios recogidos por infobae dentro de la misma comunidad reconocen que “hay manzanas podridas” y vínculos  familiares difíciles de evitar con Hizbulá

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El narco paraguayo-libanés, Ali Issa Chamas/la clave.com

La Triple Frontera, con casi un millón de habitantes y una mezcla cultural diversa, se ha convertido en un tablero geopolítico donde convergen intereses del crimen organizado, terrorismo internacional, corrupción institucional y comercio informal. El Estado parece superado por redes que aprovechan las debilidades estructurales y la escasa coordinación entre países. Con el narcotráfico como motor financiero y las rutas internacionales como vía de escape, esta región continúa siendo un foco encendido de riesgo global.