Un exdirectivo de PDVSA entrega al juez diversos acuerdos entre Zapatero y Maduro

Por: Teresa Gómez

Fuente: The Objetive

El exviceministro Alvarado facilita el contrato de adjudicación sin licitación previa de una obra millonaria a Duro Felguera

Ilustración de Alejandra Svriz.

El caso Duro Felguera, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional, parece uno más de esa saga oscura de relaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen venezolano. Sin embargo, esta vez un exdirectivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha decidido hablar. Ha entregado documentos comprometedores que sitúan el origen del escándalo en lo más alto de la pirámide: en las conversaciones directas entre Zapatero y Nicolás Maduro, cuando este aún no había heredado el trono bolivariano, pero ya obraba como mano derecha de Hugo Chávez.

Todo empezó en un contexto desesperado: 2008, Venezuela en plena crisis energética, apagones sistemáticos que sumían en la penumbra no solo hogares, sino también la ya tambaleante legitimidad del chavismo. Desde Caracas se tomó la decisión de adjudicar sin concurso público, de manera directa, a la empresa española Duro Felguera la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— por valor de 1.500 millones de euros. Un encargo colosal, con urgencia de Estado, con luz verde desde arriba. Los documentos entregados por el exviceministro Javier Alvarado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal no dejan lugar a dudas: el contrato fue firmado por el entonces ministro venezolano Rafael Ramírez, figura clave del régimen, y negociado políticamente por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero. «No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».

Sin embargo, ese contrato se llevó a cabo tras un acuerdo previo entre Moratinos y Nicolás Maduro –entonces canciller venezolano– firmado el 24 de octubre de 2008. Este pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de «una visita del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Venezuela en 2005 y otra del presidente de la República de Venezuela a España, Hugo Chávez, en 2008», como reconoce el propio acuerdo.

Acuerdo firmado en 2008 entre el Gobierno español y la dictadura venezolana.

Es difícil leer estos documentos sin evocar el caso Morodo, aquel en el que el exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo terminó condenado a apenas diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen oscuro provenientes de PDVSA. La investigación apuntaba más alto —hacia el propio expresidente Zapatero—, pero el caso se cerró sin más consecuencias. El principal testigo, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA, apareció muerto dos días después de anunciar que iba a «contar todo lo que sabía» sobre los sobornos de PDVSA y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.

Y es que quienes firman no siempre pagan. Y los que ejecutan, muchas veces, acaban solos en el banquillo. Es una pauta que se repite en los grandes casos de corrupción política, especialmente cuando los acuerdos opacos se fraguan entre gobiernos amigos. Ocurrió en el caso Morodo, y ahora amenaza con repetirse con la causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de un contrato de 1.500 millones de euros.

El contrato en cuestión fue firmado el 29 de mayo de 2009 por el entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, con la empresa pública venezolana Corpoelec, por valor de 1.500 millones de euros. El objetivo era la construcción de una central termoeléctrica en Santa Lucía (Miranda), bautizada como Planta El Sitio, en plena crisis energética. En esos años, Venezuela sufría cortes de luz recurrentes que afectaban incluso a Caracas. En 2010, Hugo Chávez llegó a declarar una «emergencia eléctrica nacional», lo que justificó adjudicaciones de urgencia para intentar contener el colapso del sistema. Fue en ese contexto en el que entró en juego Duro Felguera.

Contrato del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para adjudicar una obra millonaria a Duro Felguera.

Pero el contrato no fue fruto de un proceso técnico ni competitivo. Tal como consta en los documentos entregados al juez, no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías. Fue, según la versión del exviceministro Javier Alvarado, una adjudicación directa, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas fruto del acuerdo cerrado un año antes, en 2008, entre el Gobierno español y el venezolano. La planta termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, fue presentada como la solución para la crisis eléctrica de Caracas. Hoy, quince años después, apenas funciona. Y el dinero que fluyó en aquella operación —como tantas otras entre España y Venezuela— se ha evaporado.

Las decisiones, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, se tomaron en Moncloa y en el Palacio de Miraflores. «Resulta poco creíble que Zapatero haya intermediado durante dos décadas con el Gobierno venezolano simplemente por altruismo», afirman. «Menos aún cuando hay exministros con patrimonios difícilmente justificables». Como José Bono, exministro de Defensa con Zapatero, cuya fortuna tras su salida de la política sigue generando preguntas sin respuestas.